Ene
28
2014

I.V.A. de Caja y las cotizaciones por tickets restaurante

El llamado I.V.A. de Caja y las cotizaciones por tickets restaurante: Las contradicciones del sistema.

Madrid 20.1.2014

Laberinto normativo - ene 2014

 

El I.V.A. de Caja

Con la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al emprendedor se aprueba entre otros elementos la puesta en marcha del Régimen especial del criterio de caja del Impuesto del Valor Añadido (en adelante I.V.A. de Caja) con el objetivo de “para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas”. Dicho régimen consiste básicamente en que los importes correspondientes a los I.V.A. repercutidos y soportados por una entidad se liquiden a la Administración (según la diferencia de ambos importes) en atención al cobro y pago de dichos I.V.A. repercutidos y soportados, respectivamente.

Esta norma deviene de la aplicación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que introduce, el sistema de pago del impuesto devengado según el cobro del mismo, con el propósito de “la necesaria búsqueda de simplificación de los trámites administrativos y estadísticos de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas…”.

El I.V.A. de Caja conlleva múltiples requisitos de carácter subjetivo (facturación menor de 2 millones, menos de 100.000 euros en operaciones en efectivo, primer año de actividad 1,5 millones de facturación máximo, etc.), objetivo (excluidas operaciones régimen simplificado, oro de inversión, etc.) y administrativos, para el sujeto pasivo que lo aplique (solicitud de inclusión en este régimen, consignación de información de cobro en el registro de facturas emitidas, como fecha de cobro, cuenta bancaria, mención obligatoria en la expedición de la factura, etc.). En el caso del Registro de operaciones estos requisitos administrativos afectan también al destinatario de las operaciones que tendrá que cumplir con las obligaciones del registro y control de pagos del proveedor adscrito al I.V.A. de Caja.

Críticas y propuesta alternativa.

Es evidente que de lo visto se observan claras contradicciones, que ponemos de manifiesto:

  • La aplicación de este sistema conlleva significativos costes administrativos tanto para las empresas que lo apliquen como a sus destinatarios y en la mayoría de los casos no compensará el ahorro en intereses por la obtención de forma anticipada de parte del I.V.A. pendiente de cobro. No es de extrañar por tanto, la práctica unánime oposición a la aplicación del sistema de todos los operadores económicos afectados en su hipotética aplicación.
  • El objetivo de la Directiva previsto para la aplicación de este sistema es el de simplificación, mientras que la ley en su exposición de motivos le otorga un carácter financiero. Por tanto, se ha modificado el propósito de la Directiva Comunitaria para la aplicación de este sistema, lo que significa una nueva contradicción.
  • Finalmente, la crítica más contundente y clara, radica en que la aplicación de este sistema se basa en la premisa del incumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo objetivo es combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración (los plazos de pago aprobados son de 30 días en el caso de la Administración y 60 días para las empresas a contar desde la entrega y recepción del bien o el momento de la prestación de servicios).

A su vez, dicha ley contra la morosidad procede de la aplicación de la Directiva 2000/35/CE, cuyo objetivo es fomentar una mayor transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y también su cumplimiento. Estas dos normas sí que se encuentran alineadas en cuanto al objetivo que persiguen.

Dado que es propósito de nuestra firma que, toda crítica formulada conlleva la propuesta de una solución de mejora, pasamos a formularla.

La solución al problema de financiación que plantea la propia exposición de motivos de la ley de emprendedores se encuentra, más que en la aprobación del Régimen de I.V.A. de Caja, en el cumplimiento de la ley de lucha contra la morosidad, de Administraciones Públicas y empresas.

Hay mecanismos suficientes para la exigencia de este cumplimiento, tales como los previstos en la propia norma y los relativos a la información obligatoria a consignar en las cuentas anuales de las empresas y en la obligación de los auditores de informar de incumplimientos legales en el caso de Sociedades sometidas a auditoría de cuentas.

La cotización de las retribuciones en especie:

Con fecha 22-12-2013 ha entrado en vigor por medio del Real Decreto-Ley 16/2013 que obliga a incluir en la base de cotización los importes de los muy extendidos tickets restaurantes. De nuevo el ejecutivo entra en contradicción por cuanto son numerosos las referencias a la necesidad e intención de una convergencia entre los conceptos retributivos que integran la base de cotización a la Seguridad Social y las que integran la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) y este nuevo “bandazo normativo” va en sentido contrario a la citada convergencia.

En nuestra opinión, un sistema normativo razonable, que de soporte a la actuación de un Estado moderno, debería comprender: un cuerpo normativo con un número razonable de normas[1] (el sistema actual merma sustancialmente la productividad estimada en el 3,5%), que sean claras y estables en el tiempo. Asimismo estas normas deben ser posibles de cumplir para sus destinatarios[2] y su cumplimiento debe exigirse con el adecuado rigor. El citado cuerpo normativo debería responder en todos sus elementos a sub – objetivos concretos consistentes con los objetivos generales establecidos en nuestra Constitución.


[1] En un estudio efectuado por Francisco Marcos y Juan Santaló del Instituto de Empresas (2010) se pone de manifiesto que en España existen más de 100.000 normas entre leyes, decretos leyes, reglamentos, disposiciones, etc. con cerca de 1.000.000 de folios de las páginas del Boletín Oficial del Estado y Boletines de Comunidades Autónomas (más de la mitad). En dicho estudio se indica también que el proceso se acelera.

[2] Es frecuente que el legislador apruebe normas sin la consideración de que son los ciudadanos los que tienen que aplicarlas.

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